Revuelo causó entre las isapres las declaraciones que hiciera el economista Camilo Cid encargado de redactar la reforma a la salud privada al diario El Mercurio.
En ella señala, que en un plazo de cuatro años se buscará traspasar los afiliados al nuevo sistema que definirá el Gobierno.Asimismo,indicó que las aseguradoras podrán reajustar el precio de sus planes cada tres años y sólo si tienen problemas financieros, decisión que será aprobada o rechazada por un panel de expertos que será creado a través del mismo proyecto.
Las declaraciones no tuvieron buena acogida por el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes,quien calificó de «graves» los dichos del encargado: «Son una invitación al sector privado para que abandone el aseguramiento de la salud».
Según Caviedes, «no hay ninguna razón que justifique que el Estado intervenga», y que lo planteado por Cid «a nuestro juicio podría ser inconstitucional» y sentar precedentes en otras áreas. «Sería interesante saber qué opinan otros sectores económicos de que nos sometan a una norma de esta naturaleza», puntualizó.
Al respecto el Director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez,estimó que «la fijación de precios es un mecanismo que si se establece por ley y con un sistema de técnicos independientes que definan esos costos, es bastante razonable».
Lo mismo opina Pedro Barría, encargado de salud del Consejo de Defensa del Estado y ex miembro del consejo asesor para la reforma a las isapres, quien dice que una fijación de precios permitiría solucionar la judicialización del sistema.
«Por más de 30 años el precio ha dependido exclusivamente de las isapres, al punto que lo pueden subir una vez al año y sin ninguna rigurosidad técnica, por lo que un sistema con reajuste trianual es sumamente positivo», dice. Y detalla que la medida no tendría problemas constitucionales, ya que a su juicio sí existe un monopolio en el sector: «Un afiliado que tenga más de 50 años y que esté enfermo, no tiene ninguna posibilidad de negociar», plantea.
Sin embargo, los expertos sí ven problemas en la obligatoriedad de que todos los afiliados pasen al nuevo sistema.
«Eso le podría disminuir los beneficios a algunas personas, lo que es ilegítimo y jurídicamente insostenible», asegura Sánchez. Barría coincide en que «se debería reconocer a las personas su derecho a permanecer con sus antiguos planes».
Definiciones de Salud
Más allá del debate sobre los alcances legales de la reforma, entre las isapres y los expertos existe consenso en que la ministra de Salud, Carmen Castillo, debe decir si los dichos de Camilo Cid representan o no la posición del Gobierno en el tema.
«Me parece poco prudente que aparezcan estas declaraciones de parte de personeros que no sabemos qué responsabilidad administrativa asumen. Habrá que ver si la ministra refrenda o no sus dichos, pero me parece muy grave este nivel de desorden», ejemplifica Pedro García, ex ministro de Salud y ex miembro de la comisión asesora.
(Diario El Mercurio, Carlos Said)