Director de ISPAB: sector público debe nivelarse con el sistema privado

Las Isapres se abrieron a la integración de los sistemas público y privado de salud en los próximos cinco años, siempre y cuando exista un sistema de compensación de riesgo que le dé viabilidad al proyecto, luego que la Ministra de Salud, Carmen Castillo, formulara el emplazamiento de generar un modelo integrado que permita movilidad de los usuarios entre las isapres y el fonasa.

El modelo, según lo dio a conocer la ministra Castillo en ENASA 2015, dará su primer paso con la reforma a la ley de isapres que está redactando el Gobierno y que enviará antes de fin de año al Congreso para su tramitación.

Esquema que apuntará, a su juicio, a la integración a futuro, de los sistemas público y privado de salud, permitiendo la movilidad de los usuarios entre el fondo público y las isapres.

Rafael Caviedes, Presidente de la Asociación de Isapres,aseguró que una instancia de esa naturaleza podría ser posible dentro de cinco años.

Pero, advirtió  que para ello el Gobierno debe impulsar la creación a través de la ley, de un fondo de compensación de riesgo que permita, por ejemplo, que los más jóvenes financien las prestaciones de los más viejos.Este, deberá ser implementado en una primera instancia entre las isapres, para luego paulatinamente, incluir a Fonasa.

Sin embargo, para el Director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, la instauración de un sistema que integre a las Isapres y a Fonasa, será únicamente posible si el sistema público se equipara con el sistema privado.

En ese sentido, llamó a las autoridades a redactar el reglamento que propicia la conversión de Fonasa en un seguro que financie la atención de las personas y no la oferta de salud.

“La reforma del Fonasa implica que efectivamente se cumpla lo que se estableció el año 2000, que el Fonasa de una vez por todas se transforme en seguro público, y hasta el día de hoy no se dicta ese reglamento. Cuando ello ocurra, su principal objetivo serán las personas beneficiarias del servicio público y no el financiamiento de la oferta”.

 

 

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