La Superintendencia eliminó el embarazo de preexistencias , ya que la gestación no será considerada enfermedad, por lo que no podrá usarse para impedir ni cesar afiliación.
La pregunta que deberá ser eliminada de la declaración de salud que exigen las isapres al momento de la afiliación, tras los cambios a la normativa del sistema privado que realizó la Superintendencia de Salud .
Esto implica que las mujeres que contraten un plan o que deseen cambiarse de aseguradora, no podrán ser consultadas sobre esta materia, pues el embarazo ya no será considerado una enfermedad. En consecuencia, la aseguradora no podrá negar cobertura a una mujer en estado de gravidez ni poner fin a su contrato de salud por esta causal.
El anuncio fue realizado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, quien explicó que las embarazadas que contrataban un plan de salud “eran castigadas y podían no tener cobertura”.
“¿No les parece absurdo que el embarazo sea tratado como una enfermedad al momento de contratar un seguro de salud?” inquirió la Presidenta, quien agregó que, con este cambio, la gestación se considera como un estado fisiológico natural y que “ninguna mujer en nuestro país podrá ser tratada de manera discriminatoria por su fertilidad”.
Los cambios a la regulación incluyen una declaración de salud universal -hoy cada aseguradora usaba una propia-, obliga a la isapre a justificar los rechazos de afiliados y a informar por escrito cuando los planes tengan cobertura reducida en parto.
“Muchas mujeres no sabían su condición o se veían incentivadas a ocultar su embarazo y, cuando llegaba el momento de necesitar su isapre, vulnerables por el embarazo y el parto, la isapre les negaba cobertura o te cortaba el contrato”, explicó el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien agregó que estas situaciones llevaron a dictar una regulación para uniformar los criterios, en lugar de fallar caso a caso los reclamos, que bordean los 200 por denegación de cobertura y término de contrato, en los últimos cinco años.
Efectos en la industria
El anuncio presidencial sorprendió a las aseguradoras, que reaccionaron con molestia por no haber sido informadas o consideradas en la construcción de la norma y, tras conocer los cambios, se reunieron largamente para analizar los alcances y elaborar una declaración.
“No conocemos los aspectos técnicos del cambio anunciado, pero vemos con enorme preocupación estas imprevistas modificaciones a las reglas del juego del sector privado, sin participación de la opinión técnica de las empresas involucradas”, afirmó la Asociación de Isapres, que advirtió además que “esperamos que la racionalidad de esta medida vaya acompañada por un reconocimiento de los mayores costos que implicará al sistema privado de salud”.
Los temores de las aseguradoras apuntan a que la eliminación de la preexistencia posibilitaría el ingreso de mujeres de Fonasa embarazadas, que preferirían cambiarse a isapre para elegir la clínica donde dar a luz y luego desafiliarse. Asimismo, en la industria se analiza que mujeres con embarazo de riesgo o complicaciones prefieran cambiarse, para optar a una atención más ágil.
Según cifras del sector, las mujeres en edad fértil son 2,5 a tres veces más caras que los hombres. Además, en 2013, significaron el 30% del gasto total en salud del sistema isapre.
Rodrigo Castro, economista y experto en salud, coincidió en que los cambios podrían encarecer el sistema. “Un embarazo, ya sea con parto normal o cesárea, va a tener costos asociados a esa prestación final, pero también hay una serie de prestaciones ambulatorias previas. Desde el punto de vista etáreo es evidente que hay un costo relativo mayor, en cuanto a la frecuencia que van a utilizar las prestaciones las mujeres a raíz de su embarazo”, explicó.
Esta tesis fue rechazada por Pavlovic, quien aclaró que “no hay razones para ello porque las mujeres ya están pagando un sobreprecio por la posibilidad de estar embarazadas. Lo que esto hace es terminar con una discriminación en la puerta de entrada al sistema” y que los cambios mantienen la “proporcionalidad de cobertura” que por ley aplican las isapres a las mujeres que ingresan embarazadas al sistema, dependiendo de cuántas semanas de gestación tengan.