Ex-Ante | ¿Cuánto avanzamos y retrocedimos en salud este 2023? Por Héctor Sánchez

Las preocupaciones quedan para 2024, ya que, de no resolverse, es de esperar una potencial crisis sanitaria, social y política de significativos efectos para la población y el país.

 


Panorama general. Las enfermedades crónicas deberían ser el foco de preocupación de nuestro sistema de salud y sus autoridades.

  • Actualmente, la obesidad afecta al 30% de los hombres y al 38% de las mujeres, mientras que la diabetes se manifiesta en el 12,3% de la población, superando el promedio de la OCDE que se sitúa en un 6,7%.
  • El cáncer pulmonar ha experimentado un preocupante incremento, alcanzando una tasa de incidencia promedio a nivel nacional del 13,4%, y en Antofagasta, esta cifra asciende alarmantemente a un 31,2 por cada 100.000 habitantes. Además, el cáncer gástrico afecta al 14,6 y el de vesícula a 6 por cada 100.000 habitantes en el país.
  • Paralelamente, los trastornos de salud mental afectan a aproximadamente el 25% de la población, agravándose por el creciente consumo de drogas y alcohol.

Es adecuado afirmar que estos indicadores están vinculados a factores difíciles de modificar, como hábitos, comportamientos, estilos de vida y la organización de nuestra sociedad, así como a la calidad de las políticas públicas en áreas como salud, educación, seguridad, desarrollo urbano y organización social, entre otras. Sin embargo, también es válido señalar que estos aspectos han sido afectados por la limitada capacidad demostrada por el sistema de salud para abordar este conjunto de enfermedades mediante estrategias eficaces de promoción y prevención, modelos de atención y programas de alto impacto con una adecuada adherencia por parte de los pacientes.

Existe consenso en que nuestro sistema de salud y sus autoridades están al debe en este sentido.

Listas de espera no ceden a pesar del alto gasto en salud. Las extensas listas de espera que las personas han sufrido para recibir atención médica, diagnósticos y tratamientos hospitalarios o quirúrgicos oportunos son motivo de preocupación. Durante el 2023, estas listas no han disminuido y, hasta agosto, 72.820 personas enfrentan retrasos en las garantías GES. Además, se registran 2.326.980 personas en espera para recibir atención médica y diagnóstico de patologías no cubiertas por el GES, mientras que 320,457 personas aguardan por cirugías. Lamentablemente, más de 30.000 personas han fallecido este año mientras esperaban, y se sospecha que estas muertes podrían estar relacionadas con la falta de atención oportuna.

  • A pesar de que el país asignó este año una suma adicional de $140.000 millones al presupuesto con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera, los resultados no han sido evidentes. Además, en el periodo de 2010 a 2019, el gasto en salud se duplicó en términos reales, con un crecimiento anual del 8,4%, alcanzando el gasto público más del 9,4% del PIB.
  • Como solución, se han ejecutado estrategias para incrementar la oferta de servicios, aumentando la producción y/o comprando servicios a privados. Paralelamente, se ha planteado crear un sistema de Atención Primaria Universal, que reconociendo las limitaciones de su aplicación, se ha aplicado en forma muy focalizada en siete pequeñas comunas del país.
  • El sistema de salud no ha respondido de manera proporcional al incremento de recursos que el país le ha asignado.
  • Entre 2020 y 2023, la tendencia de aumento del gasto en salud se ha mantenido o incluso se ha incrementado, exacerbando la disminución en la productividad. Además, la percepción de la calidad de los servicios no ha mejorado en 14 años. La 14ª versión de la encuesta de percepción de calidad realizada por el Instituto de Salud Pública de la UNAB en 2023 otorgó una nota de 4,2 en una escala de 1,0 a 7,0, apenas 0,3 décimas mejor que en 2010, a pesar de que el gasto en dicho período ha aumentado a más del doble.

Pérdida de capacidad para gestionar emergencias sanitarias. Ante esta preocupante situación, es necesario señalar que, paradójicamente, aquello en lo que antes destacábamos positivamente ahora presenta deficiencias. Me refiero a nuestra capacidad de abordar con éxito el COVID-19. Durante 2020-2021, fuimos capaces de transformar y crear miles de camas críticas, transportar de manera oportuna a cientos de pacientes críticos a lo largo del país y establecer un sistema integrado de salud público-privado que funcionó de manera eficaz. Además, iniciamos oportunamente la campaña de vacunación, alcanzando niveles de cobertura superiores al 90%, lo que contribuyó significativamente a evitar un mayor número de muertes y a lograr un control efectivo de la pandemia.

  • En 2023, enfrentamos una epidemia de virus sincicial y otras infecciones respiratorias, pero, aunque de menor intensidad que la pandemia de COVID-19, nos vimos al borde de contar con la última cama disponible en las unidades críticas pediátricas. A pesar de un aumento del 50% en la capacidad de estas camas, la ocupación promedio se elevó por encima del 94%, alcanzando el 100% en algunas localidades. La capacidad limitada para operar en red exacerbó la situación. Además, la campaña de vacunación logró una cobertura cercana al 66%, lo cual contribuyó a la salida de los subsecretarios de salud pública y de redes asistenciales, evidenciando las deficiencias de la gestión en este contexto.

Crisis de las isapres. Finalmente, la Corte Suprema da un gran empujón para que se termine de concretar la tormenta perfecta, con la emisión de dos dictámenes inéditos, ambos de aplicación general y uno de ellos con efecto retroactivo.

  • Ambos dictámenes tienen su génesis en la búsqueda de la justicia y la corrección de prácticas cuestionables, al menos desde un punto de vista ético, que resultan inaceptables en el actual desarrollo del sistema privado, y que han generado una creciente judicialización de las Isapres. Sin embargo, vale preguntarse a qué costo se alcanza la justicia.
  • Hoy ya empezamos a vislumbrar el costo que deberemos asumir por esta forma de justicia, la cual parece tener más tintes de política pública que de dictámenes judiciales. Este escenario se ha agravado debido a la manera en que el Gobierno, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud se acercan a su implementación. Una estrategia marcada por la inexperiencia, la ideología y una baja conciencia de riesgo que nos está conduciendo hacia una crisis sistémica.
  • Los efectos se reflejan en el cierre de camas en el sector privado, la pérdida de empleo para muchos trabajadores, la terminación o suspensión de convenios con proveedores privados y una gran incertidumbre entre la población beneficiaria de las ISAPRES debido a la posible finalización de sus planes de salud por la insolvencia de las instituciones aseguradoras.
  • Estas ya han anunciado que, a partir de la aplicación del fallo GES en enero, comenzarán a experimentar desequilibrios financieros que llevarán a muchos a incumplir contratos y a la bancarrota. Esto, a su vez, provocará la quiebra de prestadores privados y el traslado a Fonasa de miles de personas, muchas de ellas en tratamiento de enfermedades de alto costo y catastróficas.

Senado ofrece soluciones, Gobierno las rechaza. A pesar de que el Senado forma comisiones para abordar la crisis en el sistema de ISAPRES, el Gobierno y el Ministerio de Salud rechazan las soluciones propuestas, respaldadas técnica y políticamente. En lugar de adoptar medidas efectivas, el gobierno adelanta el ICSA tres meses, sabiendo que esta estrategia llevará a la quiebra del sistema antes de aprobar una Ley Corta que tampoco resolverá el problema de fondo, pues se propone imponer un modelo de salud estatal con seguro universal en Fonasa y seguros complementarios.

  • La autoridad intenta abordar la crisis con una ley corta que no resuelve el problema, sino que busca manejar las consecuencias al ofrecer a los afiliados de las ISAPRES en quiebra una cobertura en Fonasa con seguros complementarios de compañías de seguros. Sin certeza sobre los costos para las personas y/o el fisco, la viabilidad de los proponentes y la capacidad de organización de Fonasa para enfrentar el desafío, se promete con convicción que un seguro único estatal con seguros de segundo piso resolverá todos los problemas, a pesar de su diseño técnico y económico claramente insuficiente y la falta de una transición bien planificada.
  • La preocupación queda para 2024, ya que, de no resolverse esta situación, es de esperar una potencial crisis sanitaria, social y política de significativos efectos para la población y el país.