Como una falta de voluntad política, calificó el ex superintendente de Salud y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Dr Manuel Inostroza, el bajo porcentaje de hospitales que se han acreditado a la fecha.
Indicó además que aparte de la falta de voluntad política, esto es un reflejo de la carencia de recursos para mejorar la infraestructura de esos recintos, ya que la certificación representa un alto costo.
“Las garantías GES fueron aprobadas en el año 2004, pero su reglamento sólo estuvo listo en el 2009 (…). Esto ocurrió, en parte, porque la Ministra de Salud de ese entonces, María Soledad Barría, no creía en la acreditación y dijo que en su mandato no se iban a aprobar los estándares y así ocurrió”.
Inostroza proyectó que el nuevo plazo establecido para el 2016 —para que estén acreditados todos los establecimientos de salud del país, porque son 2.400 y recién van 92— no se cumplirá. “Hoy el diagnóstico que se puede hacer, grosso modo, es que el déficit en infraestructura sectorial, tanto para regularizar la autorización sanitaria como para reponer los hospitales y su equipamiento, es del orden de 7 mil millones de dólares. En el mejor de los casos, si la promesa de la Presidenta Bachelet de invertir mil millones de dólares anuales se cumple, la meta no se conseguirá antes del año 2021, no porque ella no quiera, sino por incapacidad en la gestión”.
Entre los años 2010 y 2014, sólo se ha logrado acreditar a 47 de un universo total de 108 establecimientos de alta complejidad.
La situación preocupa a las autoridades, por lo que hace algunos días se informó que se extendió el plazo, hasta 2016, para cumplir el trámite. Asimismo, expertos del Ministerio y de la superintendencia de Salud crearon una mesa de trabajo para el tema.
Así lo anticipó el intendente de prestadores de la Superintendencia de Salud, Enrique Ayarza, en la reunión que sostuvo ayer con representantes de centros de salud privado y público, que fue organizada por la Fundación Pro Acceso.
Según explicó, “las autoridades del Ministerio de Salud quieren dar respuesta a este tema, fijando incentivos concretos, reales y sensibles para los recintos de salud públicos y privados. Las propuestas analizadas hasta el momento apuntan a incentivos económicos como el pagar un precio diferenciado por día cama entre los prestadores acreditados y los que no cuenten con dicha certificación”.
Otra medida es la implementación de cursos sobre atención de los pacientes. “Estamos elaborando cursos online para reforzar los contenidos del modelo de calidad y acreditación en Chile, porque los funcionarios de la salud no tienen la capacitación suficiente y eso hay que abordarlo fuertemente”.
Según Ayarza, “el Gobierno tiene la esperanza de establecer la obligatoriedad de la acreditación para los prestadores de salud, en el nuevo Decreto GES que ingresará a Contraloría en enero de 2016, para su entrada en vigencia en junio de ese mismo año”.
(Fuente: Diario La Segunda)