Por Héctor Sánchez, Director Instituto Salud Pública UNAB.
La Superintendencia de Salud presentó el IPC de la salud del 2012 basado en estudios del INE sobre: aumento del gasto por licencias médicas; aumento del costo que pagan las Isapres a los prestadores; incremento en la frecuencia de uso de las prestaciones.
Este IPC de la salud señala que el aumento de costos fue de un 2,47%.Un 1,74% se debe a un mayor costo por Licencias médicas, debido principalmente a un incremento en la renta de los afiliados y en menor medida a un incremento en el uso.
El IPC posiblemente contribuirá mediante una mayor transparencia a controlar los precios de las ISAPRES, ya que será difícil para una ISAPRE explicar a sus afiliados alzas superiores a este valor del 2,4%, el cual por éstos será considerado techo para el aumento de sus precios, castigando a las que suban precios por sobre este valor.
En los últimos 11 años, las Isapres han mostrado ser sensibles a la mayor transparencia del mercado. Entre el 2001 y 2005 los incrementos de precio no se informaban ni publicaban en la prensa y alcanzaron en promedio a un 8,4% anual. En el período 2006-2012 en que la ley (reforma 2005) obliga a informar los aumentos de precio a la Superintendencia de salud y ésta los publica, el aumento alcanzó sólo a un 3,5% anual.
No obstante lo anterior, aparte del incremento del gasto por licencias médicas debido al aumento en las rentas de los afiliados, en las otras variables que presionan al alza los costos (precios y frecuencia de las prestaciones y tasa de uso de licencia médica) las Isapres tienen gran responsabilidad de gestión. Han utilizado por muchos años modelos de atención y de compra inflacionarios: bajos copagos en prestaciones de bajo costo y de alta frecuencia, libre elección de especialistas y modelos de compra de pago por prestación, los cuales a pesar de los efectos negativos se han mantenido, principalmente por la poca transparencia del mercado que permite trasladar a precio los mayores costos que provocan.
La situación ha cambiado por la judicialización del sistema (47.000 demandas en 2012); mayor transparencia en materia de precios; inestabilidad jurídica del sistema y por las reformas en discusión que aumentarán la regulación.
El IPC de la salud representa en gran medida el resultado de “cómo lo hace la industria en la gestión del riesgo que administra”, conformarse con aumentos de precio que no sean mayores en promedio a este valor es un error, toda vez que implica mantener los actuales niveles de eficiencia o ineficiencia de la industria, al igual que ha sucedido con los hospitales públicos cuando sus presupuestos se ajustan por su gasto histórico.