Por definición, los beneficiarios de Fonasa catalogados en el grupo A (cerca de 3,2 millones de personas) son quienes no perciben ingresos. Por lo tanto, no tienen acceso a comprar bonos para atenderse a través de la modalidad de libre elección, pues estos requieren de un gasto de bolsillo que este grupo no puede asumir.
Sin embargo, una encuesta desarrollada por el Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello indagó cómo la gente que se atiende en el sector público, en ocasiones, accede al privado. Así, «sería un profundo error de parte del Ejecutivo poner sus esfuerzos exclusivamente en el sector público de salud», cree el académico Manuel Inostroza.
De acuerdo al estudio, en total, el 15% de los Fonasa A (alrededor de 480 mil personas) declaran haber ocupado la libre elección para resolver sus problemas de salud. De esta cifra, once puntos corresponden a gente que dice haberse atendido a través de la compra de bonos y cuatro puntos son de personas que declaran haber pagado la totalidad de sus prestaciones médicas, sin uso de ningún seguro de salud.
¿Cómo ocurre esto? Según Inostroza, algunos de los factores que pueden explicarlo son «que todavía haya personas mal catalogadas en este grupo. También, que haya una cuota importante de fraude (donde se suplanta la identidad de un familiar o vecino que es cotizante para ocupar sus bonos)», explica.
Las principales razones para utilizar esta vía son la mayor rapidez en conseguir hora, junto con la mayor calidad de los médicos y el menor tiempo de espera en sala, de acuerdo a la UNAB.
Según Manuel Inostroza, «el 15% de los Fonasa A tiene capacidad económica para pagar por atención, por lo que en el contexto de la discusión de un fondo único no se puede bloquear la complementariedad público-privada. Si el desafío de Fonasa es tener al 100% de los chilenos en él, debe dar atención de calidad para todos, lo que requiere de una doble estrategia: mejorar en lo público, como ha dicho el Ejecutivo, pero también en lo privado para amplios sectores de la clase media».
De acuerdo a la encuesta, realizada solo sobre población beneficiaria de Fonasa A en la Región Metropolitana, los mayores gastos promedio por atención en salud corresponden a hospitalización ($90.000 en promedio), intervenciones dentales ($81.461) y adquisición de prótesis, anteojos o similares ($75.000). Asimismo, no se reportaron gastos por concepto de intervenciones quirúrgicas, lo que, a juicio del también ex superintendente de Salud, «es razonable, ya que la gente puede llegar a pagar por una atención o examen, pero cuando se trata de una cirugía, no les queda otra que ingresar a la lista de espera».
Durante la administración de Sebastián Piñera se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que ampliaba la libre elección a los 3,2 millones de Fonasa A para que estos pudieran comprar bonos y resolver en el sistema privado sus problemas de salud, pero este no prosperó. La ministra de Salud, Helia Molina, aseguró que no insistiría en él, porque el objetivo del actual gobierno es el «fortalecimiento de la salud pública». Según Molina, a esta población el Estado debe entregar atención integral, porque no se resuelven sus problemas de salud con la compra de atenciones.
PROYECTO
La gratuidad para el grupo A se discutió, pero Salud no persistirá en ella.
«Si el desafío de Fonasa es tener al 100% de los chilenos en un fondo único, se requiere de una doble estrategia: mejorar en lo público, pero también en lo privado».
(Fuente El Mercurio)