En los cabildos provinciales realizados en el marco del proceso constituyente que impulsa el Gobierno, el 97,7% de los participantes mencionaron en primer lugar el derecho a la salud.
En ese contexto, el Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello (UNAB) realizó una encuesta cara a cara a 1.200 personas del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción para conocer en detalle qué le interesa priorizar a la gente dentro de ese derecho a la salud.
Y los resultados mostraron una paradoja, porque si bien más de la mitad de los encuestados dice que no quieren que el Estado tenga mecanismos de control para prohibir que los ciudadanos fumen, beban alcohol o ingieran alimentos altos en grasa, sodio o azúcares o, incluso, recibir eutanasia, sí están de acuerdo con que el Estado tenga mecanismos de control en otros aspectos. Por ejemplo, más del 65% de los encuestados cree que el Estado debe obligar a vacunar a los niños o a que las mujeres se realicen exámenes como el papanicolau.
«De pronto, la gente es muy liberal para conductas que asocia con daños individuales, como fumar, tomar alcohol o comer lo que quiera, porque dice ‘como este es mi espacio individual, el Estado ni nadie se debieran meter'», según el académico de la UNAB Manuel Inostroza.
El también ex superintendente de Salud agrega que «pareciera que hay derechos más individuales y otros más colectivos. Y en los derechos individuales, la ciudadanía tiende a exigir menos o no permitir regulación, pero en los que se pueden entender como derechos sociales, dentro del ámbito específico de la salud, pudiese estar de acuerdo con mayor regulación».
Es un aspecto que para Inostroza debe ser tomado en cuenta por las autoridades, porque podría incidir en la forma en que la población recibe las políticas públicas que se implementan; por ejemplo, las campañas antitabaco o la Ley de Etiquetado de Alimentos, vigente desde este año.
«Se tienen que leer bien estos datos y entender que no se va a lograr que la ciudadanía deje de fumar solo con prohibirle hacerlo. Hay otros estímulos educativos necesarios con los que estamos llegando tarde, como es la educación temprana», plantea Inostroza.
Por otra parte, cree que se debe aprovechar la disposición de la ciudadanía hacia otras medidas, como la vacunación, pues pese a que en los últimos años han existido grupos «antivacunas» y la cobertura de las campañas de vacunación han caído, esa política pública cuenta con una alta valoración.
La encuesta, además, mostró que el 91% cree que es deber del Estado garantizar el derecho a la salud, pero el 78% cree que la cotización de salud es propiedad individual, y la mayoría opina que cada persona debe elegir dónde atenderse.
De hecho, el 52% no quiere que exista un sistema de salud público único, con prestadores públicos únicos, y que no haya alternativa a elegir.
60,8%
de los encuestados cree que el Estado no puede prohibirles a sus ciudadanos fumar.
55,3%
está de acuerdo con que el Estado tenga mecanismos para controlar la natalidad en el país.
73%
dice que sin importar los ingresos, todos debieran tener acceso gratuito a la salud.
(Fuente: Nadia Cabello,Diario El Mercurio)