La salud financiera del sistema de isapres es frágil. Es el diagnóstico que hacen las propias aseguradoras privadas. “La fotografía actual del sistema es bien compleja”, afirma el gerente general de una operadora.
En la industria señalan que pese a que durante 2015 el sistema privado sumó 113 mil nuevos beneficiarios, el alza en los costos de las prestaciones, de 11% en el período, y el valor de las licencias médicas, que subió en 15,4%, no pudieron ser compensadas por los mayores ingresos, cuyo incremento se situó en 10,6%. Con todo, en el ejercicio pasado las utilidades de las isapres se contrajeron casi 38%, tras alcanzar los $ 37.244 millones (unos US$ 52 millones). La rentabilidad sobre los ingresos, en tanto, llegó a un 1,7% el año pasado, versus el 6,2% conseguido en 2005.
Lo delicado, dicen en el sector, es que se trata de una situación que no es reciente y, al contrario, viene incrementándose desde hace años. “Una industria que no es capaz de equilibrar costos con ingresos no puede sobrevivir”, enfatiza Gonzalo Simón, gerente de desarrollo de la Asociación de Isapres.
La mayor amenaza
En opinión de los privados, la principal amenaza para mantener una situación financiera sana del sistema y asegurar su viabilidad de financiamiento es la judicialización, dado que impide el traspaso de los costos del sistema. “Lejos, es el único problema relevante que el sistema tiene hoy día”, acota Simón.
Actualmente, un 8% de la cartera total -de 3,4 millones de afiliados- está judicializada. En algunas isapres, esa cifra puede bordear el 15%. Lo complejo, señalan, es que gatilla un efecto combinado. “No sólo implica que ese 8% de la cartera congela los precios, sino, además, implica asumir las costas judiciales de ese 8%. Por lo tanto, la judicialización tiene un efecto real para el sistema, como si se congelara el precio del 30% de la cartera”, explica Simón.
Durante 2015 se presentaron más de 133 mil recursos de protección, generando un gasto para las aseguradoras privadas de alrededor de US$ 31 millones sólo en costas. En 2010, los recursos judiciales totalizaron algo más de 7.000 e implicaron un gasto de US$ 2 millones para el sistema.
El sector calcula que en 2016 serán 200 mil las causas que llegarán a tribunales.
El 95% de ellas es ganada por los usuarios, lo que lleva a las isapres a pagar costas que, en promedio, fluctúan entre $ 50 mil y $ 600 mil, dependiendo de la región en que se encuentre el tribunal. En Santiago, son $ 130 mil.
La judicialización, dicen en el rubro, está impactando el resultado operacional de la industria. En 2015 registró una caída del 78%, aunque todavía con cifras azules, al llegar a $ 1.151 millones. Hace 10 años, la utilidad operacional del sistema totalizó $ 75.101 millones, lo que evidencia el deterioro, señalan.
Para 2016, en la industria anticipan un escenario más adverso que el actual y prevén que la industria podría terminar con pérdidas operacionales, lo que sería el primer resultado negativo en 17 años.
En el rubro recuerdan que 1999 fue un año especialmente malo para las isapres: se acabó el subsidio de dos puntos de cotización para trabajadores de rentas más bajas, lo que se sumó a los efectos de la crisis asiática. Esto provocó una salida masiva de usuarios, cercana al millón de cotizantes, lo que redundó en que todo el sistema cerrara el período con una pérdida operacional de $ 6.052 millones. “Si se mantiene la tendencia actual, es muy probable que se repita el escenario de cifras rojas”, advierte el gerente general de una aseguradora.
El gerente de estudios de otra isapre grafica así la problemática. “Considerando el crecimiento de los costos en salud y subsidio, nosotros el año pasado debimos ajustar los planes en 6,5% real, pero sólo elevamos los precios en 3,9%, lo que nos deja un desfase importante que se va acumulando año a año”, explica. Aun así, agrega, mantiene sobre un 6% de la cartera con juicios.
Otro ejecutivo menciona que debido al empeoramiento de las condiciones, han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento o salir al mercado.
La industria ha logrado compensar y mejorar en eficiencia, aseguran. Varias de ellas, comentan, han reducido gastos y cerrado sucursales. Algunas, incluso, han disminuido en 100 personas la dotación administrativa, para “ajustar lo más que se pueda los costos”.
Mirada de la autoridad
La autoridad le resta dramatismo a la situación. “El deficiente control de costos sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la industria”, plantea el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y agrega que “en 2015, los gastos de administración superaron los $ 277 mil millones y, de ellos, los costos legales alcanzaron un 8,1%. Es decir, la judicialización explica sólo un 31% del aumento de los gastos”.
Una mirada similar tiene Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. “El sistema no está en estado terminal”, subraya. Y añade: “Hay una sobrerreacción, entendida como una estrategia política, dado que el sistema lleva seis años pidiendo una reforma que les dé certeza jurídica a los temas que son regulaciones”. La rentabilidad promedio de los últimos 15 años, detalla, está en torno al 3,5% medido por ingreso por ventas, “lo que no es malo, considerando, por ejemplo, que las compañías de seguro están en torno al 2%”. Lo anterior, agrega, da cuenta de una industria que es perfectamente capaz de sortear algún momento difícil, hasta que se hagan las reformas de fondo.
(Fuente: La Tercera)