“Si se cierra la puerta al sistema de concesiones hospitalarias, será más difícil alcanzar las metas y el sistema público estará más presionado”

untitledFortalecer el sector salud e impulsar las redes asistenciales del sector público ha sido prioridad en los últimos gobiernos, incluyendo el actual. El tema no es menor en un país con cerca de 17 millones de habitantes, 80% de los cuales se atiende en este nivel. Harto se ha hecho a partir de la reforma que reconoció el acceso a la salud como un derecho y estableció garantías explícitas de oportunidad de atención, calidad y protección financiera para las personas, independientemente de sus niveles de ingreso.

El AUGE fue, sin duda, uno de los avances más aplaudidos. Pero no todo es miel sobre hojuelas en lo que respecta a la salud de los chilenos. Aún hay mucho camino por andar y obstáculos que vencer, como lo reconoce el Dr. Manuel Inostroza, académico e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y ex superintendente de Salud durante los mandatos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Financiamiento

Dice que el ambiente que percibe en el sector de las redes asistenciales es de preocupación para algunos y de frustración para otros.

“Es lo que que rescato de conversaciones con colegas que están en los servicios clínicos de hospitales y consultorios. Esto ocurre porque se han incubado dos elementos complejos. Uno es la sobreexigencia a las redes públicas por el incremento de las patologías GES que eran 56 y van en 80. Pero el financiamiento no ha aumentado proporcionalmente, obligando a cumplir las garantías con financiamiento restringido. En segundo lugar, como estas garantías no se han cumplido en 100%, ha sido necesario transferir recursos para comprar servicios al sector privado, lo que causa críticas y nos lleva a un círculo vicioso del que cuesta salir. Así, el sector se debilita más, sus profesionales se sienten cuestionados y en las encuestas de opinión las redes públicas no son bien evaluadas”.

Si sumamos el terremoto de 2010, la situación empeora. Entonces, 18 hospitales fueron afectados, lo que significó perder, o dejar de tener, cerca de 3 mil camas. “Han habido señales importantes de inversiones, pero como fue necesario reponer lo destruido todo ha sido más lento que lo requerido. Como UNAB, hicimos un estudio que demostró que antes del terremoto se requerían inversiones de unos US$ 6.500 millones para superar el déficit en infraestructura y tener hospitales con estándares adecuados. Después, la cifra subió a US$ 8 mil millones”.

Agrega que durante el mejor período del primer Gobierno de Bachelet se destinó un presupuesto anual para invertir en salud cercano a US$ 400, monto que Piñera subió a US$ 500 millones. Es decir, se necesitarían a lo menos 16 años solo para superar el déficit existente.

“El programa de Bachelet destina mil millones de dólares anuales al sector, imponiendo una enorme tarea a los ministerios de Salud y Obras Públicas. Este es el primer desafío que enfrentará este Gobierno. Dio una señal potente de que va a fortalecer lo público y debe hacerlo. Mi preocupación es que al cerrar la puerta al sistema de concesiones hospitalarias será más difícil alcanzar la meta y el sistema público estará más presionado. El lado bueno es que se ganará paz social con algunos gremios.

Pero creo que es un error, pues las licitaciones que serían riesgosas son las que incluyen “el delantal” y el modelo de concesiones en Chile no es así. No afecta la estabilidad laboral de los funcionarios públicos. Por último, con mil millones de dólares al año para invertir, igual tomaría 8 años revertir la brecha”.

El segundo tema que le preocupa es la acreditación, proceso que dice ha ido lento. “El ex ministro Mañalich se quejó de la lentitud y se fue dejando una meta de 24 establecimientos públicos acreditados para julio de 2014. O sea, para cuando el ya no esté. Así es fácil. El tema es que a la fecha hay solo 11 de los más complejos acreditados. La meta tendría que cambiarse, ya que es imposible cumplirla en el plazo que fijó. De no hacerse el cambio habrá que derivar a los pacientes que no alcancen a ser atendidos al AUGE o al sector privado. Por eso, el segundo desafío que enfrenta esta nueva administración es ajustar las metas a plazos factibles de cumplir”.

Evaluar cuál es el modelo de gestión adecuado para que las redes públicas funcionen es, a su parecer, el tercer desafío.

“Debe verse si la autogestión hospitalaria cumplió con las expectativas. A pesar de que Mañalich tuvo el peor récord de transparencia, según el mismo Consejo de Transparencia, se sabe que solo un hospital cumpliría con el terma de la autogestión (que involucra acreditación, equilibrio financiero y un set de 58 indicadores) y la meta eran 62 hospitales. La ley dice que si un hospital no cumple hay que pedirle la renuncia al director. O sea, a 61. No es necesario agregar que ello puede generar un ambiente muy complejo”.

El cuarto desafío, dice, es la vinculación y articulación de las redes primarias (municipales) y la sobrecarga de las garantías GES. “Es urgente discutir el financiamiento per cápita, que es de $3.500 pero que si se actualiza debería ser de $5.000, para no sobrecargar los hospitales. Además, falta construir a lo menos cien Centros de Salud Familiar, CESFAM, suponiéndose que cada uno atiende a 20 mil usuarios de FONASA. Y a ello se suma la falta de médicos en atención primaria, con un importante déficit de horas médicas en los consultorios”.

 Lo bueno

Reconoce, eso sí, que el panorama no es tan negro como parece. De hecho, agrega que es un gran avance que estos temas estén en el tapete y que nos tensione, por ejemplo, la acreditación.

“Chile y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que tienen acreditación hospitalaria y eso es un gran paso. La atención primaria a través de las garantías AUGE es un esfuerzo potente. Cabe recordar que la tasa de crecimiento de la atención primaria es la más alta del presupuesto del sector público, con un gasto total que en el período 1990-2012 tuvo un crecimiento real de 14% anual, mientras que la tasa del sector público fue 9%. Con la implementación del AUGE, desde 2006 a 2012 fue de 23%. Claramente hay un aumento de inversión en infraestructura entre los gobiernos de Bachelet y Piñera. Claro que son buenas noticia. Pero el déficit es tan grande que aún con las mejores noticias se requieren al menos 8 años. Eso es mucho tiempo para la gente”.

La red privada y la falta de especialistas

El Dr. Inostroza cree que “se ha consolidado la imagen negativa de las isapres con el tema de la judicialización por las alzas de precios en sus planes. La gente sigue valorando más a las clínicas y centros médicos y eso es algo que estas instituciones deberían aprovechar. Y lo están haciendo. Varias han creado sus propios seguros escolares, familiares y complementarios para fidelizar a sus clientes. Pero ahora deben preocuparse de no cometer el mismo error de las isapres y cumplir con las expectativas de la gente”.

Sobre la falta de especialistas en las redes públicas, reconoce que “se han hecho grandes esfuerzos por aumentar su formación y han aumentado los cupos de becas. Pero hay que pasar a otro nivel de solución pues el problema no es por el flujo de entrada sino para retenerlos en la administración pública una vez finalizada la devolución de las becas. En el sector privado los especialistas ganan fácilmente tres veces más que en el público. Pero ese es un tema muy complejo, pues requiere cambios legales del estatuto administrativo que rige a toda la administración pública”.

Fuente: Ediciones Especiales Diario El Mercurio,31 de marzo 2014