Sociedad, Valores y Reforma

El Gobierno ha anunciado que ingresará indicaciones al proyecto de ley que reforma las isapres, enviado al Parlamento hace meses y que surgió de un acuerdo político-técnico de todos los partidos. Este proyecto de ley establece un plan garantizado universal de salud financiado con precio que no discrimina por edad, sexo y define un IPC de la salud, con lo que se abordan los cuestionamientos más importantes al sistema.

La indicación intenta eliminar el concepto de prima plana y reinstalar un modelo de precios que mantiene la asociación de éstos con la edad y el sexo. Las isapres han respaldado esta nueva indicación al proyecto de ley, ya que necesitan un nuevo marco legal que resuelva la “judicialización del sistema”, y porque no cambia mayormente la forma que han utilizado para fijar precios.

Sin embargo, hay un error en esta posición de no querer cambiar un elemento esencial del funcionamiento de las isapres y mantener la discriminación por edad y sexo en los precios  por lo siguiente: el Tribunal Constitucional, desde hace más de dos años, y los tribunales de justicia, recientemente, han aplicado la doctrina de no discriminación por edad y sexo en la fijación de precios, y casi en el 100% de los cerca de 45 mil juicios, las demandas han sido ganadas por los afiliados.

La sociedad chilena ha aumentado el nivel de exigencias respecto de los diversos servicios y/o bienes que el Estado y los privados le entregan. No sólo exige mayor calidad y transparencia; además, demanda reducir las inequidades y eliminar todo tipo de discriminaciones.

Una reciente encuesta de nuestro instituto muestra que un 78% de las personas no aceptan que las isapres las discriminen en el precio por edad y por sexo, y un 84% plantea que éstas deben terminar con las carteras cautivas y permitir el libre tránsito de las personas entre isapres.

Cabe señalar que de las reformas del 2005, uno de los cambios más valorados por la gente en todas las encuestas ha sido la incorporación de las Garantías Explícitas en salud, que equivale a un plan de salud básico igual para todos los chilenos, y financiado en isapres y Fonasa con un sistema de prima plana y un fondo compensatorio por riesgo.

Las isapres, aparentemente, no entienden la dimensión social y política del problema que está en discusión, e insisten en sostener una argumentación esencialmente técnica y  económica. En efecto, lo que hoy está en discusión no es sólo un modelo de fijación de precios en una industria privada de la seguridad social y su impacto en el tamaño y/o resultados de esa industria: se está discutiendo cuál es la escala de valores que la sociedad quiere que estas empresas asuman, de forma tal que represente lo que la sociedad está manifestando en diferentes ámbitos: mayor equidad, justicia, libertad, y terminar con las discriminaciones.

Los sistemas de salud reflejan en gran medida la escala de valores que predomina en la sociedad del país al que pertenecen y, en el caso chileno, aquello está cambiando hacia valores en que predominan la libertad, solidaridad y la no discriminación. Las empresas y los marcos regulatorios deben estar acordes a esta nueva realidad.

(Columna de Opinión publicada en Diario La Tercera.16/12/2012)

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